La APDH advirtió sobre una “criminalización” de aborígenes en el Oeste

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La organización repudió las detenciones de tres mujeres de la comunidad Wichí en Ingeniero Juárez y exigió que las liberen. También reclama una revisión de las modalidades de implementación de las medidas del aislamiento social y de las condiciones de habitabilidad de los Centros de Atención Sanitaria

La regional Formosa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresó ayer su “preocupación” por los hechos ocurridos en el Oeste de la provincia, al tiempo que repudió “la detención de tres hermanos/as de la comunidad Wichí, quienes, en un acto de solicitud desesperada, reclamaban por la mala atención y el maltrato que recibían sus familiares alojados en un centro de alojamiento preventivo de la localidad de Ingeniero Juárez”.

A través de un comunicado, la organización defensora de los derechos humanos dijo entender “lo complejo del contexto actual y de la situación epidemiológica en la provincia, y en particular en esas localidades; y sabemos que ello requiere rigurosidad en las medidas de seguridad sanitaria y evitar la propagación del virus considerando que el bien mayor es la salud colectiva”.

Consideró, además, que dichas medidas necesitan de la colaboración de la población con actitudes de autocuidado y cuidado mutuo, para lo cual, se requiere de información clara y precisa, brindada de manera sencilla, que sea oportuna y favorezca la toma de conciencia de la responsabilidad personal frente a la pandemia.

Sin embargo, la APDH advirtió que “las actitudes arbitrarias, de prepotencia, que inducen el temor y sólo buscan obediencia y control, no conducen a una estrategia que combine la perspectiva sanitarista con la humanitaria, que sea respetuosa de la dignidad de las personas”.

“Nos preocupa la criminalización de un legítimo reclamo como también el descuido o la invisibilización de toda una serie de acciones que se vienen realizando en las comunidades, que no se condicen con un trato digno, cuidado y respetuoso de las personas involucradas, tales como traslados forzosos y de manera disruptiva, ausencia de información clara con respecto al destino de los familiares con la consecuente fragmentación de las familias, entre otras medidas que denotan arbitrariedad y un accionar que bordea lo represivo”, expresó la entidad defensora de los derechos humanos.

“Entendemos la desesperación de los hermanos ante la incertidumbre por la escasa información y el sufrimiento de sus seres queridos, por lo que demandan con los medios que tienen a su alcance en el intento de ser escuchados/as”, añadió.

“Solicitamos, en consecuencia, la liberación inmediata de Ercilia Aguero, Miguelina Navarrete y Francisco Luna”, reclamó la APDH en su comunicado y pidió, además, una revisión de las modalidades de implementación de las medidas del ASPO y de las condiciones de habitabilidad de los Centros de Atención Sanitaria como de los centros de alojamiento preventivos en dichas localidades del interior provincial”.

“Entendemos que la criminalización ante una legítima demanda que hace a la salud, en tiempos de emergencia sanitaria, agrava la situación sanitaria en vez de aliviarla. En consecuencia, la liberación de los hermanos Ercilia Aguero, Miguelina Navarrete y Francisco Luna, además de un acto de Justicia, descomprimiría la compleja situación que ha generado a nivel local y nacional”, concluyó la APDH local en su documento.

González dijo que los detenidos habían sido denunciados por amenazas a una funcionaria

En la conferencia de prensa de ayer de la mesa del COVID-19, el ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo de la provincia, Jorge Abel González, se refirió a los hechos que culminaron con la detención de cuatro originarios en Ingeniero Juárez, asegurando que el caso ya está en manos de la Justicia.

El funcionario reveló que se abrió una causa judicial “a partir de una denuncia por amenazas que recibió la directora del centro de salud del barrio Obrero de Ingeniero Juárez, donde ocurrió esta situación”.

Indicó que días atrás ya se habían realizado varias denuncias sobre estas personas, lo que derivó luego en sus detenciones por parte de la Policía de la provincia con intervención del Juzgado de Instrucción de la ciudad de Las Lomitas.

“El domingo a la noche quedaron todas estas personas en la puerta del centro de salud del barrio Obrero y la directora había hecho una denuncia de amenazas, por lo que se actuó en conocimiento de la Justicia. No hay nada extraño ni fuera de lugar en esto”, aseguró González, quien explicó que estas personas ya fueron notificadas de su situación legal.

“Son cuatro los detenidos, un varón y tres mujeres”, precisó, y acotó que todos fueron alojados en un Centro de Alojamiento Preventivo, “porque la verdad es que queremos evitar cualquier tipo de suspicacias al respecto”.

“Interviene la Justicia de Instrucción de Las Lomitas, así que no hay nada extraño sobre esta cuestión”, remarcó finalmente.

 

 

 

 

 

FUENTE: lamañanaonline

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